La seguridad es una de las principales preocupaciones de los usuarios en Internet. El desarrollo del comercio electrónico y las tramitaciones telemáticas que actualmente permite realizar la Administración Pública a través de la Red requieren soluciones para establecer entornos seguros. Por ello, las certificaciones y la firma electrónica proporcionan soluciones seguras y de sencilla difusión.

En nuestro país, desde el año 1999 en que se aprobó el Real Decreto Ley sobre Firma Electrónica hasta la actualidad su utilización y divulgación ha experimentado una creciente evolución.

Las firmas digitales se utilizan por muchas de las razones por las que se firma un documento en papel; en concreto, para autentificar información digital, como plantillas de formulario, mensajes de correo electrónico, documentos, etc.

Permite la identificación del signatario, y ha sido creada por medios que éste mantiene bajo su exclusivo control (su clave privada, protegida por contraseña o almacenada en una tarjeta inteligente). Básicamente, se trata del resumen criptográfico de los datos firmado con la clave privada del signatario, que asegura por tanto la autenticación, la integridad y el no repudio.

·Autenticidad e identidad: la firma digital ayuda a asegurar que el firmante es quién dice ser.

·Integridad: la firma digital ayuda a asegurar que el contenido no se ha cambiado ni manipulado desde que fue firmado digitalmente.

·No repudio o sin rechazo: la firma digital ayuda a demostrar el origen del contenido firmado a todas las partes.

“Rechazo” se refiere al acto de denegar un firmante cualquier asociación con el contenido firmado.

Existen dos tipos de firmas, firma electrónica básica y avanzada. La firma electrónica avanzada garantiza la seguridad porque asegura que el envío se realiza por parte del emisor conocido.

¿Y un certificado electrónico?

Es un archivo que se instala en el ordenador de quien lo solicita y que permite realizar trámites de forma segura tanto con la Administración Pública como con otras Instituciones y empresas privadas a través de Internet. Los usuarios del certificado pueden generar sus propios documentos con validez legal, intercambiar información con otras personas con la garantía de que sólo ellos y sus interlocutores pueden acceder a ella.

En España el certificado se tramita en el marco del Proyecto CERES. Para solicitarlo, el primer paso es la obtención de un código que se debe presentar ante un organismo oficial o habilitado por la administración para que certifique que es efectivamente la persona que figura en el certificado digital que va a obtener (se pueden ver las oficinas donde se puede realizar este trámite en el siguiente enlace: www.cert.fnmt.es

Para obtener el certificado de persona jurídica, la diferencia es que la operación de registro para este tipo de certificados tan solo se puede realizar en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.Tras firmar el contrato de uso del certificado digital que le acredita como su propietario, se le remite de nuevo a la página de la FNMT, donde deberá acceder a la sección de descarga del certificado.